En la madrugada del martes 25 de agosto una camioneta roja se estacionó en la esquina de calles Rondeau y Chacabuco. Descendieron cuatro sujetos con ropa de trabajo azul y un policía de uniforme. Pusieron conos reflectivos, cintas perimetrales y carteles de desvío para simular una intervención sobre una boca de tormenta y luego cortaron y extrajeron 400 metros de cable subterráneo de alto grosor, equivalentes a 2.500 kilos de cobre. El daño a la empresa de telefonía damnificada se calculó en 37 millones de pesos. Los cinco fueron detenidos.
Esta historia, calificada como una estratagema de una asociación delictiva bien preparada para el ilícito, se acumuló para el registro con el caso del solitario vándalo que en la noche del 21 de septiembre de 2025 cortó cables de la estación transformadora ubicada en la ruta 38 y ruta 326, en Villa Quinteros y se llevó un tramo de 15 metros de cableado trifásico subterráneo, con lo que afectó la energía del vecindario. Por otra parte, aún se recuerda en el barrio Parque la ola de robos de cables a toda hora del día en agosto de 2025, cuando los delincuentes sustraían la fibra óptica y luego la tiraban porque no tiene cobre pero los vecinos quedaban sin luz. Y más cerca en el tiempo, el 11 de septiembre, el caso de un ladronzuelo apodado “Chuchuwa” que fue capturado cuando robaba cables en viviendas del barrio ATE.
Se trata de historias que dan cuenta de una actividad ilegal que se ha establecido en nuestro medio -y en otras partes del país- explicada a partir de la crisis económica y de la escasez de ideas para hacerle frente. Genera daños a las empresas y a las autoridades municipales, y causa problemas de toda índole a los vecinos, en especial de inseguridad, porque en barrios a oscuras es más probable la ocurrencia de ilícitos. Según las épocas, arrecian los robos en determinadas zonas -en 2023 prácticamente todo el sector del Acceso Norte quedó a oscuras y fue necesario un gasto millonario para reparar los daños-. Las estrategias varían de acuerdo a cómo puedan coordinar tareas las distintas autoridades municipales y policiales junto con las empresas. Estas han buscado en lo posible cambiar los materiales -reemplazar cobre por aluminio, por ejemplo- y también mejorar el soterramiento de los cables para dificultar su acceso a los oportunistas. En otras provincias, como Mendoza y Santa Fe, se ha llegado a legislar y a realizar registros obligatorios de chatarrerías y locales donde se comprar estos metales, y a exigir que se documenten datos de los vendedores y se los guarde durante cierto tiempo; y además se han realizado allanamientos a los sitios de compra. En Tucumán es recordado, también, el caso del secuestro en un control vehicular de Jujuy al 3.500 de un camión con acoplado, cargado de objetos de metal sacados de cables, medidores de gas y de agua, así como picaportes y porteros de bronce. De allí se hizo una investigación en busca de los lugares donde se compraba este material.
Correspondería que se renueven acciones complementarias en busca de hacer descender la incidencia de estos ilícitos. Eso es, hacer controles más eficientes, buscar estrategias de condenas firmes a partir de la reincidencia y realizar campañas de concientización para involucrar a quienes se dedican a la compraventa de estos materiales.